Especial de Sostenibilidad. Las prácticas vinculantes para una gerencia responsable parecen exigencias lejanas en el Perú, pero ignorarlas impacta en la capacidad de las empresas para crecer fuera del país.

Las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) han pasado de ser políticas voluntarias que realzan la reputación de las corporaciones a reglas vinculantes en varios países desarrollados. Ello hace de la RSE casi una necesidad para el desarrollo de negocios. ¿Podemos creer que sólo las grandes transnacionales están llamadas a asumir estas prácticas, y que las empresas peruanas, inmersas en un clima político convulsionado y con preocupaciones económicas cotidianas, no se verán afectadas por ello?

La velocidad de la información, el avance de la inteligencia artificial, los desafíos climáticos y el riesgo reputacional –por nombrar algunos factores– nos conducen a un rotundo no.

La RSE ha evolucionado radicalmente, y se ha nutrido de nociones más recientes como ‘deber de vigilancia’ o benefit corporation. Éste considera que el rol de las empresas sería conciliar el beneficio lucrativo y sostenibilidad responsable, para generar también riqueza social y ambiental.

Hoy la RSE implica reporting o rendición de cuentas a órganos acreditados, como la obligación del código de comercio francés de difundir un informe anual extra-financiero de impactos sociales y ambientales. En el 2001 sólo las empresas en bolsa debían hacerlo, y desde el 2015 se volvió una exigencia para las grandes empresas.

En el Perú, medidas de esta naturaleza aún tienen un alcance limitado. Por ejemplo, el código de buen gobierno corporativo de la SMV, de carácter voluntario, o la obligación de los bancos de reportar a las SBS un balance anual socio-ambiental de proyectos financiados por más de US$10 millones.

Sin embargo, aunque una empresa peruana no se vería afectada por la fiscalización o eventual sanción por no respetar exigencias de RSE extranjeras, su capacidad de trabajar como proveedor de dichas empresas sí puede verse afectada.

Dependiendo de qué tanto las empresas peruanas se acerquen a los estándares de RSE de clientes extranjeros, podrían ser o dejar de ser sus proveedores, si es que la casa matriz de la contratante extranjera está obligada a hacer reporting extra-financiero. Queda, entonces, adelantarse y prever este impacto.

Un caso es el de los grandes grupos franceses con operaciones en el Perú. Desde marzo del 2017 éstos deben cumplir con la ley sobre el deber de vigilancia de las empresas matrices y empresas contratantes, bajo pena de comprometer su propia responsabilidad jurídica.

Hoy en el Perú empezamos a hablar de economía circular, de revalorizar los residuos, pero en Francia ese concepto ha alcanzado nivel legislativo. Desde el 2015, las importadoras son más exigentes respecto al ciclo de vida de los productos que importan, hasta de los embalajes que los contienen. Avanzamos hacia el concepto de benefit corporation, que nació en EEUU en el 2010. Es un concepto clave que debería inspirar las prácticas de RSE más allá de la apertura de mercados, especialmente para un país como el Perú.