Desde el 2004, año de la promulgación de la Ley 28271 relativa a los pasivos ambientales de la actividad minera (PAM), han sido identificados a nivel nacional 8,857 PAM, según el último inventario realizado en diciembre 20161 por la Dirección General de Minería. De ellos, 3,158 tienen un grado de priorización “Muy alta” por las características de riesgo sanitario y contaminación ambiental elevados que presentan.

Si bien, en razón de su historia tradicionalmente minera, se puede comprender que el Perú presente una fuerte densidad de PAM, lo que resulta preocupante es que éstos en vez de disminuir o presentar un incremento relativamente bajo, por el contrario, cada año aumentan y sobre todo, el porcentaje de PAM en tratamiento es largamente insuficiente.

A continuación, después de recordar la situación actual de los PAM, se plantea algunas pistas de reflexión, expuestas en PERUMIN el pasado 20 de setiembre, para optimizar la gestión y favorecer el tratamiento eficaz de un mayor número de PAM.

I. UN TRATAMIENTO AUN LARGAMENTE INSUFICIENTE DE LOS PAMS

El Perú ha sabido dotarse de leyes y reglamentos acordes para una gestión eficaz de la fase de cierre de minas y un tratamiento técnico y eficiente de la pro blemática y del riesgo inherente a los PAM. Pero la normativa legal y regulatoria no basta para asegurar una gestión real y pertinente.

Según la ultima actualización del Inventario inicial existen solo 2,071 PAM (23,39%) en tratamiento. De ellos, 1,309 (14,78%) cuentan con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado; 91 (1,03%) están en reaprovechamiento y 671 (7,58%) están en fase de remediación a cargo del MEM y Activos Mineros SAC, empresa estatal de derecho privado que tiene como misión la remediación de los pasivos mineros que le encarga el Estado.

En consecuencia, existen aun 6,783 PAM (76,61%) pendientes de gestión.

Entre los factores que complican la situación de los PAM, al margen de la problemática que genera la minería ilegal que, además de dañar los ecosistemas hídricos y de suelo, expone a riesgos sanitarios a las poblaciones locales y crea una distorsión económica en el sector, existen otros dos factores que consideramos relevantes: la dificultad de la identificación del responsable de la remediación del pasivo y el financiamiento de dicha remediación.