Avances y ventajas del ingreso de la Argentina a la OCDE

Avances y ventajas del ingreso de la Argentina a la OCDE

Por Dra. Belén Nasif Salum

DS Buenos Aires

Gracias al proceso de adhesión como miembro pleno en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Argentina tienen una oportunidad de fortalecer su base institucional e implementar un desarrollo económico inclusivo. Si bien la relación de la Argentina con la OCDE se remonta a 1985 y el país participa en varios comités técnicos y se ha adherido a determinados instrumentos legales,  la adhesión plena constituye un proceso lento, riguroso y en etapas. No obstante,  figura como una de las prioridades de la política exterior del Gobierno actual que tiene como objetivo final convertirla en una verdadera política de Estado por la duración y envergadura que representa. El subsecretario representante de la Argentina ante la OCDE, Marcelo Scaglione, lleva adelante su labor de forma mancomunada con diversos ministerios, entes públicos y embajadas.

El día 29 de marzo de 2019, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se organizó un evento académico donde varios representantes del Gobierno (el Sr. Marcelo Scaglione; la Sra. Marisa Bircher, Secretaria de Comercio Exterior; la Sra. Laura Alonso, Titular de la Oficina Anticorrupción y la Sra. Rocío Balestra, Directora de la Comisión Nacional de Valores), un funcionario de la OCDE (el Sr. Manuel Gerardo Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina del Directorio de Gobernanza Pública de la OCDE), y el Sr. Juan Pablo Mas Vélez, Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, analizaron las oportunidades y desafíos económicos, comerciales, de gobernanza corporativa e institucionales, del ingreso de la Argentina a la OCDE.

Conforme a lo explicado por los oradores, el plan de acción desarrollado por el gobierno para alcanzar la membrecía consiste en tres ejes fundamentales:

1) obtener de mayor presencia en los comités de trabajo de la OCDE;

2) implementar sus recomendaciones; y 

3) adherir a sus diversos instrumentos. 

En consecuencia, Argentina buscará mejorar su apertura e inserción en la escena global, adoptando “buenas prácticas comerciales” garantizadas por la OCDE. Cabe destacar que la participación de Argentina como país anfitrión del G20 (2018), ha impulsado el camino de su incorporación internacional, ha demostrado el compromiso asumido para mejorar sus políticas públicas y ha logrado obtener el apoyo unánime de los miembros de la organización.

La Argentina no es el único país que presentó la solicitud de adhesión. También esperan una definición Perú, Brasil, Rumania, Bulgaria y Croacia. El organismo, con sede en París, está conformado por 36 Estados que representan el 75% de la inversión extranjera directa y el 60% del comercio global. A partir de una amplia recopilación de datos en cada uno de ellos, elabora recomendaciones y políticas tendientes a colaborar con los respectivos gobiernos en el fomento de la prosperidad, el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el desarrollo social sostenible.

Patricia Cuba-Sichler publicó en la revista francesa “Droit Alimentaire” sobre la problemática del cadmio y el cacao peruano

Patricia Cuba-Sichler publicó en la revista francesa “Droit Alimentaire” sobre la problemática del cadmio y el cacao peruano

El Reglamento 488/2014 de la UE, del 12 de mayo de 2014, establece nuevos contenidos máximos desde el 1 de enero de 2019, en particular para el cadmio en el chocolate y los derivados de cacao. Algunos terceros países, entre ellos el Perú, consideran dicho Reglamento como una restricción injustificada al comercio internacional, ya que la Unión Europea impondría medidas más restrictivas que las del Codex Alimentarius, por ejemplo.

‘Initial Coin Offerings’: una propuesta de regulación

‘Initial Coin Offerings’: una propuesta de regulación

La disrupción e innovación tecnológica en el sector financiero abre la puerta a nuevas fórmulas de financiación empresarial.

Tal es el caso de las denominadas ICO (Inicial Coin Offerings), nacidas de la confluencia entre los ya conocidos mecanismos de financiación participativa (crowdfunding) y las nuevas tecnologías de registro distribuido (distributed ledger technologies), entendidas como vía de financiación alternativa y descentralizada a través de la cual empresas o particulares pueden financiarse de terceros mediante la emisión de su propia moneda virtual (denominada en el argot tecnológico como token). 

Desde el punto de vista regulatorio, todavía no existe un marco jurídico que aporte una razonable seguridad al respecto, si bien son varias las autoridades financieras trabajando en el sector, como es el caso de la SEC (Securities Exchange Comission americana) o la ESMA (European Securities Market Authority). No se trata de una cuestión menor, pues existe un amplio debate jurídico sobre cuándo y en qué medida la emisión de tokens debe sujetarse a la normativa del mercado de valores y supervisión propia del sector financiero, en tanto las mismas se canalizan mediante una oferta abiertamente dirigida a la captación de fondos del público en general, lo que puede incluir inversores particulares a los que la normativa financiera reconoce un mayor nivel de protección.

A este respecto, uno de los principales debates jurídicos estriba en la categorización de la naturaleza jurídica de dichos tokens, en tanto las implicaciones que ello puede comportar respecto a diferentes cuestiones: derechos de los inversores, consideración de éstos como consumidores o minoristas, implicaciones tributarias, obligaciones en materia de protección de datos o de prevención de blanqueo de capitales, etc. A tal efecto, varias autoridades financieras -como la SEC, FINMA (Suiza), BaFin (Alemania) e incluso la propia ESMA (Europa), entre otras- han empezado a labrar cierto consenso en relación a una triple categorización general de los tokens en función de su usabilidad, diseño y características:

  • Por un lado, los denominados payment tokens, entendidos como meras representaciones de valor digital con una usabilidad limitada, destinados a ser meramente empleados como medio de pago estandarizado, circunscrito o no a una empresa o proyecto concreto.
  • Por otro lado, los denominados utility tokens, entendidos como medios de pago específicamente creados para la adquisición de determinados bienes o servicios de una empresa o grupo de empresas, o como elemento en base al cual pueden aplicarse descuentos o rebajas en el precio de los mismos.
  • Y finalmente, los conocidos como security tokens, que pueden revestir múltiples características, pero en cualquier caso todas ellas dirigidas a su consideración como títulos-valor o ‘activos financieros negociables’ sujetos a la normativa del mercado de valores, en el sentido señalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los comunicados al respecto publicados el 8 de febrero y 20 de septiembre, respectivamente, al respecto de una serie de consideraciones y criterios en relación a criptomonedas e ICO.

Es precisamente respecto a esta última categoría sobre la que existe la controversia antes descrita, puesto que su emisión mediante oferta abiertamente dirigida a la captación de fondos públicos pudiere equipararse a lo que la normativa del mercado de valores reconoce como Oferta Pública de Valores (OPV), sobre la cual deben aplicarse unos estándares mínimos de transparencia e información, además de encontrarse sujeta a requisitos documentales y de supervisión por parte de la autoridad financiera competente, como es el caso de la CNMV en el ámbito español.

Y es precisamente en este sentido donde a nivel europeo se están adoptando varias medidas destinadas a la regulación de esta nueva vía de financiación. En particular, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) señaló recientemente la necesidad de incluir un marco jurídico para las ICO en la Propuesta de Reglamento relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas (European Crowdfunding Service Providers – ECPS) propuesto por la Comisión Europea en el marco del denominado FinTech Action Plan.

En el ordenamiento jurídico español, el tipo de entidad que podría considerarse homóloga a las ECPS propuestas por la Comisión Europea serían las denominadas Plataformas de Financiación Participativa (PFPs), las cuales se encuentran de por sí sujetas a la previa autorización y posterior supervisión continua de la CNMV, conforme a su regulación en la Ley 5/2015, de 27 de abril. Cabe decir que, en términos generales, actualmente este tipo de entidades únicamente se encuentran facultadas para publicitar proyectos instrumentados a través de la emisión de valores (no sujetos a la obligación de folleto), participaciones sociales o préstamos; no obstante, una eventual modificación legislativa en línea con la propuesta europea podría permitir la articulación de ICOs a través de este tipo de entidades -así como sus homólogas ECPS en el marco jurídico europeo-, delegándoles el rol de intermediarias entre el promotor y los inversores, bajo la supervisión conjunta de las respectivas autoridades nacionales -como es CNMV en el caso de España- y la propia ESMA, a fin de garantizar los estándares de transparencia, información y protección de inversores exigidos por la normativa del mercado de valores. 

En el mismo sentido, bajo nuestra consideración entendemos que un esquema similar al propuesto por la Comisión Europea en los términos anteriormente referidos permitiría establecer un marco jurídico razonable para las ICO, canalizando las mismas a través de PFP como entidades especializadas en servicios de financiación participativa (crowdfunding) en tanto intermediarias sujetas a supervisión financiera y a unos estándares regulatorios armonizados a nivel europeo. Esta posibilidad permitiría superar el bloqueo regulatorio actual, ofreciendo cobertura jurídica a la innovación tecnológica y una vía de financiación alternativa a las empresas que así lo consideren.

Fuente: Diario Expansión
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/12/13/5c12a5d6e2704eae3c8b4608.html

Para más informaciones:

David Avilés, Abogado
Socio DS OVSLAW Barcelona
Area Corporativa y M&A
david.aviles@ds-ovslaw.com

Alberto Moral, Abogado
Asociado DS OVSLAW Barcelona
Area Corporativa y M&A
alberto.moral@ds-ovslaw.com

Compliance: la nueva cultura y exigencias de las empresas que vienen para quedarse

Compliance: la nueva cultura y exigencias de las empresas que vienen para quedarse

Como consecuencia de las complejas estructuras empresariales, la globalización, la sensibilización social, el entorno normativo en el que las empresas se encuentran inmersas donde los riesgos de corrupción y cohecho en un ambiente cada vez más competitivo son riesgos latentes, el Corporate Compliance o cumplimiento normativo, ha dejado de ser un conjunto de directrices y normas que debe implementar la empresa únicamente para evitar o mitigar los riesgos y/o sanciones que eventualmente pueden imputarse a la misma, para pasar a ser una verdadera cultura ética empresarial. 

Tal es la relevancia que se le está dando en Chile al Corporate Compliance, que el pasado 20 de noviembre de 2018 se introdujeron los nuevos delitos de corrupción entre particulares y administración desleal, así como varias modificaciones que significan endurecer algunas disposiciones tanto del Código Penal, como de la Ley N°20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aumentando, entre otras medidas, las penas de algunos delitos tipificados en la ley que son susceptibles de generar responsabilidad penal para las empresas. Pese a que todavía existen muchos escépticos que creen que elaborar un plan de Compliance supone meramente un gasto, es necesario hacer hincapié que debe de verse como una ventaja competitiva e inversión a mediano/largo plazo para el éxito, prestigio y eventual supervivencia de la empresa. 

En efecto, tomarse en serio este tema otorga a las empresas una imagen de transparencia, honestidad y compromiso con el cumplimiento normativo que, indudablemente, son elementos que contribuirán con la reputación de las organizaciones.

A continuación, un listado de sugerencias a considerar para lograr un buen Programa de Compliance:

1. El plan de Compliance deberá ser adoptado previamente a cualquier sanción y/o riesgo, incluyendo a su vez medidas de vigilancia y control idóneas para así poder ejecutarlo eficazmente antes de incurrir en alguna comisión de delito.
2. Se debe efectuar un diagnóstico individualizado de cada empresa para ver qué riesgos potenciales concretos tiene la misma: matriz de riesgos
3. Nombramiento del Compliance Officer o Encargado de Prevención de Delitos (EPD) conforme lo establece la Ley N°20.393, a quien se le deberá otorgar la independencia y recursos necesarios, así como acceso a la información a todos los niveles organizacionales.
4. Existencia de un protocolo de actuación, capacitación y difusión continua
5. Integración del Plan en todas las áreas de la empresa y que toda persona que forme parte de la misma esté al corriente.
6. Unificación de criterios de actuación y desarrollo de sistemas de control.
7. Establecer modelos de gestión de recursos financieros.
8. Crear un canal de denuncias internas para informar de posibles riesgos e incumplimientos a la entidad o persona encargada de vigilar y hacer seguimiento al Plan, aumentando de esa forma la transparencia y confianza dentro de la empresa.
9. Sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el Plan.
10. Verificación y revisión periódica del Plan.

En el marco internacional, una de las razones por las que se dice que el Compliance en Chile sigue estando poco consolidado y en sus primeras etapas, puede deberse, entre otros aspectos legislativos, a que la Ley N° 20.393 antes citada hace referencia solamente a algunos delitos como son el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cohecho, a diferencia de otras legislaciones, como la española, que considera al menos veinte delitos más susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas.

Sin embargo, y pese a que sigue quedando un largo camino en la materia, en Chile ya se observa que muchas empresas están trabajando en estas materias con una visión más preventiva, con estándares de cumplimiento para transparentar las actividades empresariales, lo que sin duda les hará convertirse en empresas de mayor reputación y con ventajas competitivas.

Es en virtud de lo anterior que podemos aseverar que la cultura del Compliance no es una moda pasajera, ya que está empezando poco a poco a ser una práctica regular, con inversiones relevantes en equipos y profesionales especializados, … que viene a Chile para quedarse.

PARA MAS INFORMACION:

Paula Molina Sevilla, Abogada
Responsable del Spanish Desk
DS Abogados Santiago
pmolina@dsabogados.cl                                                                                                                                                                            

Pilar Martín, Abogada
Departamento de Litigación y Compliance
DS OVSLAW
pilar.martin@ds-ovslaw.com

Nueva alternativa para rehabilitar los Pasivos Ambientales

Nueva alternativa para rehabilitar los Pasivos Ambientales

Ante el importante  numero de pasivos ambientales, sean mineros o del sub-sector hidrocarburos, el Decreto Legislativo 1361, introduce los proyectos de rehabilitacion de pasivos al mecanismo Obras por Impuestos.

Para mayores detalles, leer el siguiente articulo en la revista “Energiminas”

NUEVA ALTERNATIVA DE GESTIÓN PARA LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

Cabe esperar que el Ministerio de Energia y Minas acelere los procesos de priorizacion de proyectos en materia de Pasivos Ambientales.

Políticas de responsabilidad social: del lujo al imperativo de management

Políticas de responsabilidad social: del lujo al imperativo de management

Especial de Sostenibilidad. Las prácticas vinculantes para una gerencia responsable parecen exigencias lejanas en el Perú, pero ignorarlas impacta en la capacidad de las empresas para crecer fuera del país.

Las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) han pasado de ser políticas voluntarias que realzan la reputación de las corporaciones a reglas vinculantes en varios países desarrollados. Ello hace de la RSE casi una necesidad para el desarrollo de negocios. ¿Podemos creer que sólo las grandes transnacionales están llamadas a asumir estas prácticas, y que las empresas peruanas, inmersas en un clima político convulsionado y con preocupaciones económicas cotidianas, no se verán afectadas por ello?

La velocidad de la información, el avance de la inteligencia artificial, los desafíos climáticos y el riesgo reputacional –por nombrar algunos factores– nos conducen a un rotundo no.

La RSE ha evolucionado radicalmente, y se ha nutrido de nociones más recientes como ‘deber de vigilancia’ o benefit corporation. Éste considera que el rol de las empresas sería conciliar el beneficio lucrativo y sostenibilidad responsable, para generar también riqueza social y ambiental.

Hoy la RSE implica reporting o rendición de cuentas a órganos acreditados, como la obligación del código de comercio francés de difundir un informe anual extra-financiero de impactos sociales y ambientales. En el 2001 sólo las empresas en bolsa debían hacerlo, y desde el 2015 se volvió una exigencia para las grandes empresas.

En el Perú, medidas de esta naturaleza aún tienen un alcance limitado. Por ejemplo, el código de buen gobierno corporativo de la SMV, de carácter voluntario, o la obligación de los bancos de reportar a las SBS un balance anual socio-ambiental de proyectos financiados por más de US$10 millones.

Sin embargo, aunque una empresa peruana no se vería afectada por la fiscalización o eventual sanción por no respetar exigencias de RSE extranjeras, su capacidad de trabajar como proveedor de dichas empresas sí puede verse afectada.

Dependiendo de qué tanto las empresas peruanas se acerquen a los estándares de RSE de clientes extranjeros, podrían ser o dejar de ser sus proveedores, si es que la casa matriz de la contratante extranjera está obligada a hacer reporting extra-financiero. Queda, entonces, adelantarse y prever este impacto.

Un caso es el de los grandes grupos franceses con operaciones en el Perú. Desde marzo del 2017 éstos deben cumplir con la ley sobre el deber de vigilancia de las empresas matrices y empresas contratantes, bajo pena de comprometer su propia responsabilidad jurídica.

Hoy en el Perú empezamos a hablar de economía circular, de revalorizar los residuos, pero en Francia ese concepto ha alcanzado nivel legislativo. Desde el 2015, las importadoras son más exigentes respecto al ciclo de vida de los productos que importan, hasta de los embalajes que los contienen. Avanzamos hacia el concepto de benefit corporation, que nació en EEUU en el 2010. Es un concepto clave que debería inspirar las prácticas de RSE más allá de la apertura de mercados, especialmente para un país como el Perú.